Nueva ley de Propiedad Intelectual y el desarrollo tecnológico:"En cartas al director del diario La Tercera del día sábado 18 de octubre, el representante legal de ACTI, Rodrigo Rojas, publicó la siguiente opinión acerca del destino de la ley de propiedad intelectual."
Señor director,
El proyecto que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, en trámite desde 2007, busca actualizar nuestra normativa y cumplir con los compromisos adquiridos en el TLC con EE.UU. Las industrias de la música, libros, películas, software y de los proveedores de servicios de Internet (ISP) han expresado sus posturas frente al proyecto, con algunos puntos en común y otros abiertamente discordantes.
Sin embargo, la importancia de renovar una ley creada en 1970, cuando no existía Internet y la industria cultural no enfrentaba las ventajas y problemas de las nuevas tecnologías, llevó a establecer una discusión entre todas las partes interesadas, buscando consensos para generar una legislación equilibrada y que beneficie a la toda la sociedad, protegiendo tanto los derechos de los autores como los de los usuarios.
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"En cartas al director del diario La Tercera del día domingo 19 de octubre, el profesor universitario Fernando Contreras publicó la siguiente opinión acerca del destino de la ley de propiedad intelectual."Señor Director:
¿Qué haríamos en las universidades sin copias de los apuntes? ¿Cómo estudiarían nuestros alumnos si no hubiera excepciones a los derechos de propiedad sobre libros, revistas o archivos digitales? ¿Cómo acceder a versiones en castellano de textos actualizados si no es por la vía de la traducción de material original? Este uso justo era una de las fortalezas del proyecto inicial de Ley de Propiedad Intelectual.
Después de conocerse el acuerdo entre la SCD y la ministra Urrutia que zanja lo central del proyecto -preocupante en un debate que debiera jactarse de transparente- entendemos que la voluntad del gobierno es no extender el beneficio de uso justo de libros, revistas y material electrónico a centros de estudios, dado que a juicio de la SCD lo que habría detrás no es genuina difusión del conocimiento sino un ánimo de lucro visible en las “inmensas sumas en publicidad y marketing” que se gastan.
Esto pone a profesores y alumnos de educación superior en una posición insostenible: cada vez que distribuyamos o recomendemos textos en que sólo circulan en copias estaremos fuera de la ley. Un error garrafal del gobierno que sólo ha puesto atención a los argumentos de una parte de los actores (la SCD). La cultura no es equivalente a los intereses representados por este gremio.
Bibliografia:
http://www.biblioredes.cl/BiblioRed/notas/not98.htm
http://www.derechosdigitales.org/
http://www.tratojustoparatodos.cl/
